Sr. Presidente,

El Consejo Indigenista Misionero - Cimi, organización brasileña que actúa junto a 180 pueblos indígenas en Brasil, hace 44 años. Viene nuevamente a este foro para denunciar las violencias y violaciones de derechos de los pueblos indígenas. En esta primera manifestación queremos reafirma que los sectores económicos políticos anti-indígenas brasileño actúan fuertemente dentro de los tres poderes del Estado, con el propósito de poner en marcha acciones contra estes pueblos.

En la Legislatura la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 215/2000, invalida la demarcación de las tierras indígenas y pone en riesgo al derecho del uso exclusivo de las tierras ya demarcadas.

El poder judicial, con las decisiones tomadas en la segunda turma del Supremo Tribunal Federal (STF), con el marco temporal, intenta caracterizar indebidamente el artículo 231 de la Constitución Federal (CF) a través de una interpretación restrictiva en el concepto de tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas.

El ejecutivo sigue con la ralentización de los procedimientos de demarcación de las tierras indígenas. Son por lo menos 360 tierras indígenas, que sigue sin ningún procedimiento del proceso demarcatorio. La perpetuación de los conflictos de tierras, la criminalización e incluso asesinatos de líderes indígenas está estrechamente relacionado con esta decisión inconstitucional del gobierno brasileño. La actual situación política es muy inestable y  preocupante, una vez que se intensificará la violencia contra los pueblos indígenas y sus aliados.

Sin embargo queremos destacar algunas situaciones más emblemáticas, al ejemplo de lo que ocurre con los pueblos Pataxó y Tupinambá – Bahia, Guarani Kaiowá – Mato Grosso del Sur y Tenharin – Amazonía, donde son constantes las violaciónes de los derechos humanos, como: quema de casas, detenciones por motivos políticos, la criminalización, la deforestación, la contaminación del agua, asesinato de líderes, y el avanzo de la plantación de eucalipto, soya y otros monocultivos.

En la Amazonía brasileña, los 105 pueblos que viven en aislamiento voluntario están amenazados con la expansión de las grandes obras de infraestructura y la explotación madereras, minera, petroleras y el avanzo del agronegócio, provocando la deforestación y el desplazamiento de los pueblos indígenas. Denunciamos los grandes proyectos hidroeléctricos que afectan a los territorios indígenas y expulsan a los pueblos ​​de sus territorios y causan graves problemas ambientales.

Cuanto la salud Indígena, a pesar de la creación de la Secretaria Especial de Salud Indígena, es importante denunciar la tentativa del gobierno brasileño de abdicar de su responsabilidad al intentar privatizar el atendimiento básico de la salud indígena a través del Proyecto de Ley 3501/2015, que crea el Instituto de Salud Indígena – INSI. Solamente en 2014, murieron setecientos ochenta y cinco niños indígenas menores de cinco años. (datos del Cimi/ 2014).

En relación a la educación indígena, el decreto del gobierno 6861/2009, estableció, sin consulta, los llamados territorios etnoeducacionales. Pasado siete años, solamente tres fueron implantados y no están en pleno funcionamiento y tan poco responde al derecho garantizado en la constitución, una educación intercultural, bilingüe y diferenciada, que atienda las diferentes realidades culturales de los pueblos.

Ante esta situación, Sr. Presidente nosotros solicitamos a este fórum que inste al gobierno brasileño:

1. Que cumpla con el derecho garantizado en la Constitución Federal en demarcar y proteger todos los territorios indígenas, asegurando la paz y la justicia.

2. Que asegure la protección a los defensores indígenas amenazados de muerte.

3. Que ante a los inúmeros proyectos de infraestructura y propuestas gubernamentales, asegure al derecho del consentimiento libre, previo e informado, como preconiza la convención 169 de la OIT

Consejo Indigenista Misionero - Cimi

Nueva York – 13 de abril de 2016